Investigador de USACh presenta libro sobre acceso a la información y la transparencia activa

archivos.jpg  “El interés del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) es analizar el proceso de formulación e implementación de las políticas de transparencia en Chile. Aunque estaba el caso de un órgano similar en México, del cual nuestro Consejo para la Transparencia tomó varias lecciones en el sentido de cómo instalar esta política en el país, el BID tenía interés en poder tomar el caso chileno y expandirlo en el resto de Latinoamérica”.

Tales fueron las palabras de Mauricio Olavarría Gambi, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile (USACh), al referirse a su nuevo  libro “La institucionalización y gestión estratégica del acceso a la información y la transparencia activa en Chile", obra desarrollada por encargo del BID, como una obra que sirva de referente de evaluación del proceso de instalación de un organismo estatal,  a cargo de velar por la transparencia de la gestión pública.

Mauricio Olavarría, quien es además doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland at Collage Park, Estados Unidos, explica además que: “Hay países que están bastante interesados en acceder a la información pública, y Chile sirve de guía porque tiene estabilidad institucional y bajos grados de corrupción. Al BID también le importa entender cómo esta inquietud por la formulación de una política pública se tradujo en Chile en la creación de un organismo estatal, cómo se superó este desafío y de qué forma fue recibida la nueva institucionalidad por la ciudadanía”.

“La creación del Consejo para la Transparencia se cruzó con tradiciones organizacionales, por eso resultó compleja se dio una contienda por el espacio institucional bastante fuerte, típica del surgimiento de un organismo público. Hubo instituciones que no estaban dispuestas a entregar información, les complicaba por su prestigio institucional o que pudiese ser afectada su influencia.”, puntualiza el referido investigador de la USACh 

Consultado por la actitud ciudadana frente a materias relacionadas transparencia y acceso a la información pública, Olavarría asegura que “el Consejo ha ido enfrentando el desafío de ser conocido por los ciudadanos y generar confianza en ellos, para lograr convertirse en una fuente de acceso a la información para la gente común, con el fin de que se enteren, por ejemplo, de cómo postular a un subsidio habitacional, cómo se resuelven estas postulaciones; cómo se toman las decisiones en el Estado. Ha sido un instrumento de profundización muy importante para la democracia en el país, que está menos opaco. Es decir, ha aportado porque permite conocer los procesos del Estado, evitando el secretismo que nos caracterizó por tanto tiempo”.

También hay referencias al origen de la ley que crea dicho Consejo, y que tiene sus antecedentes en mociones senatoriales para impulsar un mejor acceso a la información.

Mauricio Olavarría explica que, en la tramitación de  la Ley sobre Acceso a la Información Pública, se observó una contienda por el espacio institucional. “El Banco Central estimaba que no debía aplicársele esta normativa; lo mismo se pensaba en el Congreso Nacional. Allí se decía que estaba bien la iniciativa, pero no podía ser aplicable porque no era una norma de rango constitucional. La Contraloría, por su parte, consideraba que lo dispuesto en la propuesta se relacionaba con sus atribuciones, pero lo que ocurría es que los ciudadanos no accedían a través de ella a la información. La discusión no fue trivial, pero en la medida que siguió adelante el proceso, cada uno de estos órganos fue colaborando”, subraya el académico universitario.

Consultado por el proceso de implementación del Consejo para la Transparencia, el investigador puntualiza que “su instalación fue bastante rápida, incluso los consejeros no tenían oficinas. En general, fue un tema complejo porque no había expertise en el tema, entonces el Consejo debió ir llenando los vacíos legales, esperar que el Reglamento de la Ley se dictara. Otro punto importante que ha debido superar es la destinación presupuestaria. Se presentaron conflictos entre el Consejo y el gobierno anterior y el actual respecto de la asignación presupuestaria para habilitar, por ejemplo, un software que permita llevar un registro de las demandas ciudadanas".

En opinión de Mauricio Olavarría, su libro pone a disposición de los lectores información muy importante, sobre cómo se formuló la política de transparencia en Chile, los obstáculos que debió enfrentar y cómo se dio el proceso de instalación y gestión estratégica de un órgano fundamental para la profundización de la democracia.  “Muestra también estas lecciones al resto de Latinoamérica  las restricciones que se enfrentan cuando se instala un organismo de esta naturaleza y cómo poder superarlas. Entrega a quienes deban tomar decisiones en otros países, las claves de cómo se da este proceso y la experiencia de instalar un órgano que aporte a los ciudadanos”, destaca en referencia a la obra “La institucionalización y gestión estratégica del acceso a la información y la transparencia activa en Chile".


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